La llamada "demolición forzada ilegal" se refiere a la demolición forzada sin la aplicación de documentos de aprobación legal. Por ejemplo, en el caso de la expropiación de una vivienda, si no existe una sentencia judicial de ejecución, se trata de una típica demolición ilegal. Otro ejemplo es la demolición de edificios ilegales. Si la demolición se lleva a cabo directamente sin una decisión de demolición limitada en el tiempo por parte del departamento gubernamental, se trata de una demolición ilegal y forzada.
Cuando se enfrente a la amenaza de una infracción ilegal, llame inmediatamente a la policía para pedir ayuda. Al mismo tiempo, presente formalmente una solicitud de protección por escrito a la agencia de seguridad pública local y conserve el recibo de entrega. Después de haber sido infringido, puede solicitar que se abra un caso para investigación y responsabilizar penalmente al infractor.
Si los órganos de seguridad pública no actúan administrativamente, tendrán responsabilidad legal. Las principales bases legales son:
El punto 5 del párrafo 1 del artículo 11 de la "Ley de Litigios Administrativos" estipula: "Si solicita a una agencia administrativa que cumpla con sus obligaciones legales de proteger los derechos personales y de propiedad, y la agencia administrativa se niega a cumplir o no responde", los ciudadanos, personas jurídicas y otras organizaciones que no estén satisfechos con el acto administrativo específico pueden presentar una demanda, y el Tribunal Popular aceptará el caso.
El párrafo 1 del artículo 67 de la "Ley de Litigios Administrativos" también estipula: "Los ciudadanos, personas jurídicas u otras organizaciones cuyos derechos e intereses legítimos sean vulnerados por actos administrativos específicos llevados a cabo por organismos administrativos o por el personal de los organismos administrativos tienen derecho a solicitar una indemnización".
El artículo 2 de la "Ley de Policía Popular" estipula que una de las tareas de la policía popular es "proteger la seguridad personal, la libertad personal y la propiedad legal de los ciudadanos, y proteger la propiedad pública".
El artículo 4 de la "Ley de Indemnización del Estado" estipula que si los organismos administrativos y su personal infringen los derechos de propiedad en cualquiera de las siguientes circunstancias en el ejercicio de sus poderes administrativos, la víctima tiene derecho a obtener una indemnización: (3) expropiación ilegal o expropiación de propiedad; (4) otros actos ilegales que causen daños a la propiedad.
El 26 de junio de 2001, la Corte Suprema estipuló claramente en la "Respuesta sobre si los órganos de seguridad pública deben asumir la responsabilidad de compensación administrativa por el incumplimiento de deberes administrativos legales" que "si los órganos de seguridad pública no cumplen con sus deberes administrativos estatutarios, causando daños a los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos, personas jurídicas y otras organizaciones, deberán soportar la responsabilidad de compensación administrativa".
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